Sufrimos la última de las periódicas oleadas contra las TN y todo lo que se mueve fuera del circuito oficial sanitario en su afanado intento por blanquear daños y despropósitos producidos por las políticas sanitarias que afirman (falsamente) basarse en “la ciencia”. Todos los medios (estos sí, pseudoperiodismo) repiten penosamente como loros, sin saber ni analizar ni investigar, las consignas que les pasan como simples propagandistas abandonando su obligada función periodística. En España sufrimos a menudo los peores daños gracias a las peores políticas sanitarias de nuestros pseudoescépticos gobiernos y oposiciones. Después de cinco años del chiringuito #coNprueba hacen un paripé de reactivación con los mismos planteamientos desnortados iniciales.
Para intentar engañar al personal utilizaron el truco de una división ficticia (al margen de la Ciencia en la que dicen basarse) inventándose un definición “ad hoc” para las palabras “pseudociencia” y “pseudoterapia” con el propósito simplón de separar lo oficial (imaginariamente basado en ciencia) de lo demás. La RAE advierte que esas palabras no existen como tales, se construyen añadiendo el prefijo “pseudo” a otras existentes. “Pseudo” significa falso aunque es verdad que popularmente también se emplea a veces como “medio-verdadero” o “sucedáneo de”. Por tanto “pseudo-loquesea” podemos encontrarlo en todas partes independientemente de si es oficial o no en cualquiera de sus acepciones.
Así que allá por 2019 (año de las peores medidas sanitarias jamás tomadas) el Ministerio de Sanidad a pachas con el de Ciencia (triste legado de Carcedo y ex-astronauta) puso su propia definición para tener una idea aunque ligera de lo que hablaban. Todo muy científico. Autodefinieron “pseudoterapia” a la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad. Aquí el primer problema es que gran parte de lo que ofrece la Seguridad Social entra de lleno en esta definición. El segundo problema es que respecto al aporte a la salud, sanación, bienestar… (donde tanto se mueven las terapias pretendidamente estudiadas en #coNprueba) la medicina oficial o biomedicina representa una muy pequeña parte ¿10%? (hay quién lo sube al 15%).
Para intentar evitar este inconveniente toda la propaganda se basa en que la ciudadanía asocie “oficial” con “ciencia” a base de ocultar lo que siendo oficial se aleja de ella y repetir machaconamente en todos los medios que lo demás es pseudo.
Aquí hay varias cuestiones de calado. En primer lugar la gravedad que conlleva que una administración oculte daños, manipulaciones, datos, etc para intentar mantener una línea o su reputación, además en beneficio de intereses privados. Por otra parte la actitud estrecha de ceñirse solo a la evidencia científica actual es enormemente dañina restando o privando directamente a la gente de posibilidades de mejora en su salud y de sanación. Tenemos todas las combinaciones, infinidad de cuestiones que fueron consideradas con fuerte evidencia que resultaron falsas, otras consideradas alejadas de toda evidencia que hoy se asume que tienen la mejor y muy importante abordajes de sanación que se salen del delimitado marco de la evidencia científica porque no pueden ser medidos con los mismos instrumentos utilizados en biomedicina. Por ejemplo si utilizamos un metro para medir un peso no obtendremos un resultado muy bueno, justo lo que se hace en chiringuitos como el “Observatorio OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias” donde utilizan muchos medidores que son para otras cosas. Argumentar que una terapia no se utilice porque aun no tiene suficiente evidencia y esa evidencia no se estudiará por que no interesa económicamente a la Industria Farmacéutica es el mayor disparate imaginable.
Otra barbaridad por tanto con la que nos encontramos en el denodado esfuerzo gubernamental por limitar las posibilidades de sanación de una persona, es el sistema utilizado para validar una terapia. Si alguien quisiera saber hasta que punto funciona algo, lo primero de debería hacer es acudir a quien es experto en su aplicación y por tanto la conoce, sin embargo el Gobierno acude a personas totalmente ajenas y desconocedoras de la terapia en cuestión con la desfachatez de denominarlos expertos así en general, como una especie de “todólogos”. También acudiría a quienes experimentaron y conocen la terapia en sí mismos pudiendo informar sobre sus efectos y eficacia, sin embargo los usuarios no entran en la ecuación no sea que se la chafen. Lo único que miran en los chiringuitos anti-TN son los estudios, en general muy pocos pues no rentan al modelo reinante y con poco presupuesto, lógico, las empresas que disponen de capital para hacerlo no tirarán piedras contra su propio tejado y nuestro Gobierno clientelista obedece esos intereses.
En definitiva lo que hacen estos informes es un repaso de lo publicado que representaría la punta del iceberg despreciando el grueso no publicado y este despropósito científico-político-sanitario-humano es lo único que utilizan.
Que sepamos en otros países no llegan al intolerable nivel y vergonzosa actitud de acosar y perseguir a profesionales y usuarios. También en esto estaremos a la cabeza.