LECCIONES DEL AÑO 2025: LO QUE HEMOS APRENDIDO SOBRE SALUD PÚBLICA Y DERECHOS CIVILES TRAS LA PANDEMIA DE HACE CINCO AÑOS

Un problema de salud convertido en un grave problema político, social, económico (y también de salud)

Lo que fue calificado como «una de las tragedias colectivas más traumáticas que haya vivido España desde la Guerra Civil» ¹ ha dejado unas secuelas que van más allá de lo estrictamente sanitario, y nos referimos al debilitamiento de un sistema democrático que está experimentando la aparición de lo que algunos llaman «gobiernos híbridos»² —gobiernos autoritarios salidos de las urnas—.

La pandemia ha contribuido decisivamente a este debilitamiento cuando muchos ciudadanos vieron atónitos cómo, alegando la defensa de la «salud pública», sus derechos civiles eran ignorados, unos derechos que creían ya consagrados en nuestra sociedad y que parecían consustanciales a la «democracia» en la que creían vivir.

El discurso oficial³ acerca de la pandemia y el papel de las vacunas para detenerla está lejos de ser convincente, y cabe preguntarse si las secuelas de todas aquellas decisiones van a tener iguales o peores consecuencias que la propia pandemia en el ámbito de la salud. Porque, como manifestó la Dra. Sonia Tamames, directora de Salud de Castilla y León, «la pandemia de COVID no fue de gran gravedad», algo por lo que tuvo que dimitir.⁴ Sin embargo, la opinión de que la pandemia fue “relativamente trivial y con una baja mortalidad”⁵ no es algo excepcional. Y es que en España la pandemia lo fue, sobre todo, para las personas mayores de 60 años, que representaron el 95,5% de los fallecidos por COVID entre 2020 y 2023, de los cuales uno de cada cinco estaba ingresado en una residencia.⁶

En el discurso oficial —tanto de gobiernos como de los grandes medios de comunicación— hay un aspecto que choca cada vez más con los datos: la afirmación de que la pandemia puso de manifiesto el poder de la ciencia, y cómo un novedoso tratamiento experimental —bautizado con el viejo y consolidado término médico de «vacuna»— fue capaz de detenerla, suponiendo un punto de inflexión, un antes y un después en su evolución.⁷

Tras estos cinco años, sin embargo, se sigue ignorado, o a lo sumo minusvalorado, las relaciones causales entre la aplicación de las pseudovacunas de ARNm y sus efectos dañinos: patologías mortales como miocarditis⁸; la aparición de la llamada «COVID de larga duración», que algunos denominan «síndrome posvacunal contra la COVID-19» (PCVS)⁹; alteraciones frecuentes (aunque aparentemente leves) en la menstruación¹⁰; o los datos que muestran que la mortalidad asociada al COVID-19 fue mayor tras la aparición de la vacuna¹¹, y que desde entonces se viene dando un exceso de mortalidad sostenido¹².

En cualquier caso, ¿cómo puede afirmarse, de manera rigurosa, que entre diciembre de 2020 y marzo de 2023 las vacunas redujeron en un 59% la mortalidad, salvando 1,6 millones de vidas?¹³ ¿Quiere decirse que 1,6 millones de personas habrían muerto de no haberse puesto la vacuna? Esta afirmación es, simplemente, pura especulación.

Quienes criticamos la pseudovacuna contra la COVID-19 podríamos ser calificadas como negacionistas o fabricantes de bulos, o con cualquier otro calificativo usado para estigmatizar toda interpretación de los datos que diverja del discurso oficial —tanto de gobiernos como de grandes medios de comunicación¹⁴—, si no fuera porque también son opiniones sostenidas por profesionales sanitarios —curiosamente la mayor parte de ellos ya jubilados, lo que les otorga una libertad de expresión de la que parecen carecer cuando se encuentran en activo en el sistema biomédico—, agrupados bajo diferentes nombres como la Plataforma NoGracias (PNG)¹⁵, cuyo lema es «Menos medicina, más salud», o los «Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP)».¹⁶ Tal vez el principal indicador de la desconfianza generada hacia la eficacia de las vacunas y su utilidad sea el descenso de las vacunaciones en la población mundial, y particularmente entre el propio personal sanitario, que ha hecho que algunos ya hablen de implantar su obligatoriedad entre los profesionales de la salud. ¹⁷

Lecciones mal aprendidas

La pandemia ha hecho que se produzcan unas anomalías ideológicas aparentemente sorprendentes, como la de que un partido ultraderechista como Vox¹⁸ se haya erigido, de manera eficaz, como defensor de los derechos y libertades de los españoles, o que una política como Ayuso se presente como la abanderada de la libertad frente a los partidos “progres” que decretaron el confinamiento.¹⁹

Porque, en efecto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, a iniciativa de Vox, varios apartados del primer decreto que declaraba el estado de alarma:

“Afirma la sentencia [del Tribunal Constitucional] que es inherente a la libertad de circulación su irrestricto despliegue y práctica en las vías o espacios de uso público, para aquellos fines que solo el titular del derecho puede determinar y sin que tenga que dar razón a la autoridad de los motivos de su presencia en tales vías. Y estos elementos esenciales del derecho fundamental han resultado cancelados a través de una medida que impone el confinamiento de toda la población en la totalidad del territorio nacional, estableciendo que las personas solo podrán circular, y hacerlo individualmente, para la realización de las actividades expresamente autorizadas por la norma.”²⁰

El discurso autoritario-cientificista del gobierno español, personificado en un conjunto de portavoces uniformados de las fuerzas armadas y de las fuerzas de orden público, junto con epidemiólogos —el palo y la zanahoria—, no podía ocultar que muchas de las medidas implantadas eran las mismas, por ejemplo, que las que se habían tomado trescientos años atrás en la gran peste de Londres, descrita por Daniel Defoe.

Y es que los confinamientos obligatorios y la adopción de otras muchas medidas —los alienantes pasaportes COVID, las mascarillas, las distancia social, la obligatoriedad de facto de vacunarse en algunos puestos de trabajo, la estigmatización alentada desde lo público contra quienes no quisieron vacunarse, etc.—, tomadas en numerosos países, con alguna rara excepción como la de Suecia, carecían, sencillamente, de evidencia científica y apenas contribuyeron a la reducción del exceso de muertes.²¹ Por el contrario, supusieron un clamoroso fracaso de los sistemas «democráticos» a la hora de defender los derechos civiles de sus ciudadanos. ²²

Para el Partido de las Terapias Naturales (PTN), la principal lección que puede y debe extraerse de la pandemia de hace cinco años es que en una democracia no caben tomar decisiones totalitarias que afecten a la población en su conjunto, bajo ningún concepto.

Las decisiones tomadas durante la pandemia fueron, como decíamos antes, un shock para numerosa ciudadanía, que vio restringidos por primera vez derechos que se creían ya consagrados e inherentes al sistema democrático. Ver que existían argumentos para limitar esos derechos ha dado alas a otros muchos para pensar que puede haber otros muchos argumentos, igualmente válidos, para limitar los derechos civiles. Los Estados Unidos de Trump es un ejemplo diario de la creatividad del totalitarismo del siglo XXI.

En estos cinco años, las consecuencias de relativizar la primacía de los derechos civiles han contribuido al desprestigio de las instituciones públicas; al auge de partidos políticos híbridos; a la aplicación sin control de la censura de contenidos por los propietarios de las redes sociales; a un mayor descrédito de esa ciencia que algunos la hacen hablar para decir lo que a ellos/ellas les conviene; al aumento de la corrupción en el ámbito público de la salud, tanto a la hora de proveer mascarillas como firmar contratos con fabricantes de vacunas —la llamada «farmafia»—; la perversión de un término bien aceptado por la mayoría de la población como el de «vacuna», etc.

En definitiva, en un sistema democrático no se puede anteponer la noción de «salud pública» a los derechos consagrados en la Constitución. La democracia se defiende con más democracia y con más libertad. En situaciones de emergencia las decisiones deben estar informadas en todo momento por el respeto hacia los derechos ciudadanos.

La pandemia de 2020 no fue la primera ni será la última, y nunca va a haber un sistema sanitario capaz de lidiar con una pandemia, porque no se puede abordar con soluciones puramente biomédicas ni basadas en una respuesta hospitalaria. Esto ya se ve cada año con las gripes estacionales.

Las sociedades democráticas son enormemente complejas y su gobernanza no es compatible con los caracteres autocráticos. El poder médico —amparado supuestamente en la llamada «evidencia científica»— se sigue imponiendo sobre los derechos individuales, como muestra la reciente sentencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos²³, que condena a España por vulnerar los derechos de un paciente que fue internado forzosamente en un recinto psiquiátrico, o los casos en los que pacientes son obligados por sentencia judicial a recibir terapia electroconvulsiva (electroshocks).²⁴ Epidemiólogos y otros profesionales sanitarios juegan con la idea de la obligatoriedad de las vacunas, llegando a plantear la conveniencia de poner límites al poder judicial a la hora de cuestionar decisiones basadas en la salud pública.²⁵

La cuestión no es si tal o cual terapia o medicamento es eficaz o no, sino que el ciudadano o ciudadana ostenta el derecho a negarse a recibirlo o ser tratado.

Las medicinas son muchas, y en un contexto democrático el pluralismo médico es algo insoslayable. No es un problema de irracionalidad o de negacionismo, sino un problema de falta de reconocimiento de la existencia de un pluralismo médico que entiende la salud y la sanación desde un paradigma distinto al biomédico. Que muchos ciudadanos, sintiéndose responsables de su propia salud, toman sus propias decisiones acerca de lo que les conviene o no. En ausencia del reconocimiento de este pluralismo médico, invocar la idea de «salud pública» para justificar cualquier políticas es la antesala al autoritarismo y a la degradación de la democracia.